De acuerdo a información entregada por el Poder Judicial, durante 2019 ingresaron 376.732 mil recursos de protección en contra de las isapres a las Cortes de Apelaciones de todo el país, cifra que marca un récord respecto de 2018, cuando se registraron 136.476 acciones. Durante el último período, entre los recursos se incluyen materias como GES, precio y no cobertura de medicamentos, entre otras.
De este monto total, 169.711 acciones judiciales se generaron por alza de GES; 198.015 recursos por marca precio (entre los que también se incluyen algunos casos por alza GES); y 9.006 acciones judiciales por marca precio o GES.
Frente a este escenario, la directora ejecutiva de la Fundación Politopedia, Victoria Beaumont, analizó un posible riesgo en la judicialización regional, señalando que hay regiones donde hay pocos cotizantes, pero cuyas costas son lucrativas.
Esta entidad proyectó los gastos de las costas en $ 38 mil millones durante 2019, con el supuesto de que solo se admiten con fallos en el 50% de los recursos.
“Como están frenando sus alzas de planes (los clientes que van a juicio), y el alza tiene que ver con los costos esperados en salud, esos otros gastos esperados están siendo financiados por los otros clientes. Ahí es donde está la mayor inequidad que se generan de las judicializaciones”, indicó Beaumont.
Perspectiva que comparte el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, quien opinó que las judicializaciones contra las isapres reflejan el “síntoma de una enfermedad que se viene agravando desde hace años”.
Añadió que “el costo que no pagan (los cotizantes que llegan a juicio) lo tienen que pagar el otro resto de clientes. El problema es que no se han hecho las reformas para cambiar eso, ni las isapres han cambiado su modelo de negocio, el cual es inflacionario”.
Frente este panorama, Victoria Beaumont dijo que “es importante generar una estrategia de indicadores que diga cómo se genera el gasto y luego cuáles son las variables que impulsan el mayor gasto, para después evaluar entre todos cómo repartimos ese gasto, pero hay que tener transparencia desde el principio”.
Fuente: https://www.latercera.com/